La intención de quitarle los fondos públicos al Ateneo Puertorriqueño manifestada en el proyecto de ley presentado por la representante Liza Fernández constituye un desacierto descomunal.
En su exposición de motivos, el proyecto aduce como razón para tal despropósito el hecho de que “mediante comunicado de prensa emitido el día 3 de febrero de 2011, la entidad mencionada expresa, en resumen, que se dedicará primordialmente a adelantar una causa política en particular”. Al examinar el comunicado causante de la reacción punitiva de la legisladora, se percata uno de que el pecado atribuido al Ateneo fue endosar la propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño de celebrar un plebiscito sobre el status político del país en el que se comience rechazando cualquier alternativa no territorial y no colonial. ¡Adiós! ¿Pero no es esa la misma iniciativa que terminó adoptando el Partido Nuevo Progresista por voz de su presidente el gobernador Luis Fortuño?
Si lo propuesto –y aceptado por el partido de la legisladora– es de verdad un proyecto de descolonización, no debería molestarle a nadie que cuanta entidad o persona interesada en el destino final del país se pronuncie sobre el proceso. Y si no lo fuera, también habría lugar para que todo puertorriqueño se exprese para denunciarlo sin temor a represalias.
En su exposición de motivos, el proyecto aduce como razón para tal despropósito el hecho de que “mediante comunicado de prensa emitido el día 3 de febrero de 2011, la entidad mencionada expresa, en resumen, que se dedicará primordialmente a adelantar una causa política en particular”. Al examinar el comunicado causante de la reacción punitiva de la legisladora, se percata uno de que el pecado atribuido al Ateneo fue endosar la propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño de celebrar un plebiscito sobre el status político del país en el que se comience rechazando cualquier alternativa no territorial y no colonial. ¡Adiós! ¿Pero no es esa la misma iniciativa que terminó adoptando el Partido Nuevo Progresista por voz de su presidente el gobernador Luis Fortuño?
Si lo propuesto –y aceptado por el partido de la legisladora– es de verdad un proyecto de descolonización, no debería molestarle a nadie que cuanta entidad o persona interesada en el destino final del país se pronuncie sobre el proceso. Y si no lo fuera, también habría lugar para que todo puertorriqueño se exprese para denunciarlo sin temor a represalias.
Puede estarse o no de acuerdo con el juicio de la junta del Ateneo sobre las bondades de esta particular iniciativa plebiscitaria. Pero eso es motivo de otra discusión.
Lo que resulta impresentable es que se quiera ahogar la voz de una institución venerable que no ha hecho sino ser consecuente con su posición histórica de defender la nacionalidad puertorriqueña y promover, en distintos momentos de su existencia, procesos encaminados a resolver el problema colonial de Puerto Rico. Después de todo, la descolonización es un asunto de derechos humanos, como lo fue la lucha de Vieques, y al igual que ésta, atañe a todos los puertorriqueños más allá de líneas partidistas.
Más aún, el dislate legislativo propuesto para liquidar el Ateneo parece ignorar la extensión de su quehacer desde su fundación hasta el presente. Al Ateneo han pertenecido afiliados de todas las tendencias políticas en Puerto Rico. Sus salas han acogido debates sobre todos los temas imaginables. Una de sus tareas más valiosas es la de custodiar, preservar y hacer asequibles a la comunidad más de cuatrocientas cincuenta obras de arte de los principales artistas puertorriqueños, desde los primeros hasta los más contemporáneos.
Actualmente el Ateneo realiza actividades del más amplio contenido cultural a través de sus comisiones de historia, ciencias políticas y morales, artes plásticas, literatura, música, cine, teatro y ciencias físicas, naturales y matemáticas.
Entre sus logros más relevantes en décadas recientes se cuentan el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que ha dado cabida a numerosos teatreros jóvenes del país, fomentando su desarrollo, y el Archivo Nacional de Teatro y Cine, que contiene un acervo impresionante de la producción cinematográfica puertorriqueña.
Por supuesto, el Ateneo ha sido objeto de controversias en el pasado. Una entidad dedicada a la promoción y desarrollo de la cultura no puede evitar el conflicto intelectual y político. Ésa es su naturaleza. Para eso existe. Los que la hemos apoyado y continuamos apoyándola no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que sus dirigentes del momento expresen. Eso es secundario.
Lo mismo ocurre con el Colegio de Abogados y con toda otra institución dedicada a fomentar la discusión de ideas. Mientras más debate generen, más justifican su existencia. Ello, pues, no es motivo para erradicarlas de la faz del país. Si uno no está de acuerdo con alguna posición en particular, lo que tiene que hacer es combatirla en el terreno democrático del debate. No castigar la institución con el mazo autoritario de legislación que procura hacerla desaparecer.
Confía uno que en este asunto prevalezcan voces más sensatas que la que se expresa en el proyecto de marras. EFRÉN RIVERA RAMOS